En un estado de Derecho es un deber legal

Reinaldo Ramírez

Ley y orden en la UIS

Por: Reinaldo Ramírez

Es pertinente que los ciudadanos del común fijemos nuestra posición ante las opiniones encontradas que han rodeado el tema del Rector de la Universidad Industrial de Santander, el principal centro de formación superior del oriente colombiano y una de las universidades más prestigiosas y sólidas de Colombia.

En este proceso se ha venido jugando con cartas marcadas; en verdad, flota en el ambiente el tufo maloliente que denota la ausencia del juego limpio respetuoso de las reglas y de la integridad física y moral del contendor; alguien está haciendo trampa y, en mi convicción, el menos sospechoso de violar las reglas del juego es el árbitro judicial, el juez que ha tutelado el derecho que ha ganado el Profesor Gilberto Carrillo de ejercer el cargo de Rector de la UIS.

Empecemos el análisis por los jugadores más notorios y más avezados y experimentados en estas lides que, descaradamente, para rehuir el debate, se rasgan las vestiduras y pregonan a los cuatro vientos que están dispuestos a ir a la cárcel, a acudir al sacrificio de su libertad personal antes que cumplir la decisión judicial independiente y autónoma que, de cierta manera, ha puesto sobre el tapete su juego sucio y desleal que ha querido impedir con sus silencios interesados y sus esguinces éticos el curso normal y sin traumatismos  del proceso institucional que señala las reglas legales y académicas previstas para la designación del Rector de la Universidad.

Esos "mártires de ocasión" son los mismos personajes sombríos que con aptitud cazurra y su silencio cómplice mantuvieron en el cargo, contra viento y marea, a un rector involucrado con la ejecución de un plan pistola paramilitar para perseguir, amenazar y expulsar de las aulas sagradas de la Universidad, mediante la violencia criminal, a los empleados, profesores y estudiantes sospechosos de profesar ideas contrarias o ser portavoces de opiniones diferentes.

Trascienden el campo de las meras matemáticas las posibles incompatibilidades éticas y los conflictos de intereses que, sin duda, afectan la objetividad y la independencia conceptual de

algunos miembros del Consejo de la UIS que, además de su cargo de miembros del Consejo de la Universidad Industrial de Santander, ostentan cargos de dirección en las  universidades privadas que, impulsadas y motivadas por intereses económicos y por sus propias concepciones de la sociedad, le disputan a la Universidad Pública su influencia en la orientación y el manejo de la educación superior; esas personas por sus compromisos profesionales y por ser subalternos del gobierno Departamental, rindiendo honor a la necesaria consistencia ética e ideológica que debe guiar sus actuaciones profesionales, debieran declararse impedidas para participar en la orientación y dirección de las universidades públicas y, específicamente, deben renunciar a su participación en los órganos de dirección de la UIS.

Respecto del Profesor Gilberto Carrillo cabe destacar que Tirios y  Troyanos le reconocen "su notable trayectoria docente", es decir,  le reconocen sus capacidades intelectuales y sus méritos profesionales y académicos que lo respaldan para desempeñar el honroso cargo de Rector de la UIS, la universidad más importante de Santander.

 Finalmente, en un Estado de Derecho es un deber legal y un imperativo constitucional que pesa sobre los señores miembros del Consejo de la Universidad que, al tomar posesión de sus cargos, han jurado respetar la Constitución y la ley, antes que amenazar con su incineración personal, adoptar una opción coherente acatar las decisiones de los jueces de la República o renunciar a sus cargos.

Atento saludo,

Reinaldo Ramírez

¿Hay motivo para creer en Colombia?

----------------------------Por: Bernardo Socha Acosta

Colombia en el vilipendio

Cuando conocemos hechos como los denunciados por la Revista Semana, relacionados respecto a la burla que se le hace al país desde una institución como el  ejército,  no le queda a un ciudadano deseos de creer en nada y en nadie en Colombia. No están equivocados  los comentaristas de los medios que señalan esto  como la peor vergüenza, atrevimiento y desafío de instituciones como la mencionada.

Para valorar la gravedad y vergüenza de lo ocurrido,  solo nos vasta volver a leer el artículo de la denuncia, por fortuna muy bien fundamentado. Leer Revista Semana.

Pero a estos hechos se le suman otros escándalos como las falsas desmovilizaciones, los falsos positivos, el desvío de cuantiosos recursos económicos como Agro Ingreso Seguro, el despilfarro que se hace desde entidades como la Contraloría General de la República, el engaño a los trabajadores de quitarles horas extras para crear nuevas fuentes de empleo y tantas ironías más han empobrecido a los núcleos sociales hasta llegar a casi 10 millones de indigentes, no extraña a nadie, por qué en Colombia aumenta el potencial de gente rebelde que no solo le queda el recurso de la protesta, sino que  se va a los extremos.

Para que nos detengamos a contemplar lo que se hace desde una institución del Estado, del cual hacemos parte, solo es necesario considerar que somos por  infortunio del  mismo cacareado concepto de la llamada democracia, los subalternos y siempre engañados, pisoteados y vilipendiados  por quienes están arriba aprovechándose del poder  para vulnerar los derechos del llamado pueblo, aumentándole cada vez las cargas tributarias, encareciendo los servicios públicos y tantas cosas que ocurren en nuestro país. Pero, lamentablemente parece que apenas nos reímos de lo que le pasa a Colombia, como si solo fueran simples picardías.   

Cuando vemos a la delincuencia portando uniformes de las fuerzas regulares, a primera vista lo reprochamos; pero cuando leemos investigaciones como la de la Revista Semana, sobre Tolemaida, no nos extrañamos porque, si instituciones que creíamos la medula de de la sociedad colombiana en la lucha contra actos delictivos y la búsqueda de la verdad y la justicia, cae en hechos tan reprochables y los superiores dicen no tener conocimiento, demuestra que hemos llegado al fondo de lo peor en Colombia, donde repito, no hay motivo para creer en nada y en nadie.

Con todo esto y muchos más de lo que hemos vivido en la última década, es oportuno que cada ciudadano, piense en el grado de responsabilidad que tenemos los más de 10 millones de electores, que seguramente con ingenuidad hemos confiado en quienes salen a la plaza pública y a través de los medios de comunicación a decirle a los ciudadanos maravillas y que van a ser los redentores de los oprimidos, que van a bajar los impuestos y las tarifas de servicios públicos, etc., etc., pero todo  resulta una utopía, o, mentiras, que lamentablemente ilusionan a los electores para llevarlos a las urnas como tirados con  bozal, para terminar resignados a toda clase de vilipendios disfrazados.

Todo esto y muchas cosas más nos concitan a preguntarnos si habrá motivo para seguir creyendo en las instituciones del Estado Colombiano.

Pero sin duda, hoy que tanto la Contraloría general y la fiscalía general  han llegado a manos del poder femenino y sumado a la credibilidad de la Corte Constitucional, (que nos salvó de la hecatombe) nos queda algo de esperanza, si desde la rama ejecutiva se respeta el concepto  del estado de derecho que se puso en grave  riesgo, no hace mucho tiempo.